A partir de febrero de 2027, los fabricantes ya no podrán comercializar en el mercado interior de la UE baterías de más de 2 kWh sin un pasaporte digital del producto. Así se establece desde agosto de 2023 en el Reglamento (UE) 2023/1542 y, desde entonces, la normativa no se ha suavizado. Quien en 2026 siga esperando, estará esperando los detalles, no el principio.
Lo que entrará en vigor en febrero de 2027
El «Battery Passport» es la primera aplicación específica para un producto de un DPP a escala de la UE. Afecta a las baterías industriales, las baterías de vehículos eléctricos y las baterías de medios de transporte ligeros (LMT: bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos y ciclomotores eléctricos), todas ellas a partir de 2 kWh. La fecha límite es el 18 de febrero de 2027. Se aplica a la puesta en el mercado, no solo a la venta a consumidores finales.
Acceso a través de un código QR u otros soportes de datos presentes en la batería. Requisitos técnicos del artículo 77: impresos o grabados, permanentes y legibles durante la vida útil prevista del producto. Los redireccionamientos a través de un servicio propio del proveedor no son una solución: si el proveedor deja de prestar el servicio, el DPP deja de funcionar.
Qué campos están definidos y cuáles siguen pendientes
La estructura marco se establece en el anexo XIII del Reglamento. A fecha de la primavera de 2026, está claro lo siguiente:
- Datos generales del producto: fabricante, marca, tipo de batería, sistema químico, capacidad nominal, tensión nominal, peso, dimensiones
- Origen: fecha de producción, lugar de producción, número de lote o de serie
- Composición de los materiales, con especial atención al cobalto, el plomo, el litio y el níquel, incluyendo los porcentajes de material reciclado indicados por separado
- Datos de rendimiento y durabilidad: ciclos de carga, degradación de la capacidad, resistencia interna, estado de salud (State of Health)
- Huella de CO₂ por kWh según el método PEF definido
- Instrucciones de reciclaje y desmontaje para empresas de gestión de residuos certificadas
La Ley de aplicación, conforme al artículo 77, apartado 10, especifica el modelo de datos y la arquitectura técnica. Calendario inicial: 18 de agosto de 2025. Situación actual: borrador en fase de consulta, versión definitiva aún no publicada. Por lo tanto, los fabricantes que esperan el «formato definitivo» seguirán esperando, mientras que la fecha límite de 2027 no se aplazará.
Otras cuestiones que aún están pendientes son: la presentación exacta de la huella de carbono, los umbrales para los minerales de zonas en conflicto y los procedimientos de acceso para las autoridades de vigilancia del mercado. Todos ellos son aspectos que se concretarán antes de su aplicación, pero más bien en los detalles, no en los principios fundamentales.
Diligencia debida: la presión de tiempo oculta
Las obligaciones de diligencia debida establecidas en los artículos 48 a 53 (minerales de conflicto, derechos humanos y medio ambiente a lo largo de la cadena de suministro) debían aplicarse inicialmente a partir del 18 de agosto de 2025. ** El Reglamento (UE) 2025/1561** ha aplazado dicha aplicación hasta el 18 de agosto de 2027. Buenas noticias para los equipos de cumplimiento normativo, que ya están desbordados. Malas noticias para todos aquellos que daban por hecho que el tema había quedado zanjado: se aplicará en toda su extensión, solo que más tarde.
A diferencia del propio «Battery Passport», los datos de diligencia debida no forman parte automáticamente del DPP público. No obstante, deben poder demostrarse ante los organismos de certificación y, a petición de la autoridad de supervisión del mercado.
Cuatro niveles de acceso: quién ve qué
El anexo XIII del Reglamento sobre baterías clasifica los datos del pasaporte en cuatro categorías:
- Público: datos básicos relacionados con el modelo: composición, capacidad, huella de CO₂, instrucciones de uso, seguridad y reciclaje.
- Personas con interés legítimo: datos detallados del modelo, como la composición detallada de los materiales, los números de referencia de las piezas de recambio, así como información sobre desmontaje y seguridad (por ejemplo, para la reparación, el reacondicionamiento y el reciclaje).
- Organismos notificados, autoridades de vigilancia del mercado y la Comisión: informes de ensayo que acrediten la conformidad con el Reglamento.
- Datos de baterías individuales para personas con interés legítimo: valores relativos a la batería concreta: parámetros de rendimiento y durabilidad, estado de salud, estado (original, reutilizada, reutilizada posteriormente, reacondicionada, residuo) y datos de uso.
En la práctica, esto significa que un mismo código QR ofrece diferentes vistas, dependiendo de quién lo escanee. Esto se suele implementar mediante claves API o tokens firmados, no a través de páginas de inicio de sesión para usuarios finales.
Qué debería hacer concretamente en 2026
Hay tres pasos recomendables. Todos ellos se pueden llevar a cabo independientemente de la ley de aplicación definitiva.
En primer lugar: auditoría de datos. ¿Cuáles de los campos del anexo XIII ya tiene, aunque estén repartidos entre el ERP, el PLM, los archivos de Excel de sus ingenieros y las fichas técnicas en PDF de los proveedores? La respuesta casi nunca es «ninguno». Es «el 70 % está ahí, pero en diez sistemas diferentes».
En segundo lugar: asegurar contractualmente los flujos de datos ascendentes. Solo sus proveedores de celdas conocen los porcentajes de material reciclado para el cobalto y el níquel. Estos datos no se obtienen con una simple petición amable, sino mediante contratos que obliguen a los proveedores a transmitir campos de datos definidos. El plazo hasta 2027 parece largo, pero resulta ajustado para negociar contratos marco de compra con fabricantes asiáticos de celdas.
En tercer lugar: realice una prueba piloto con entre 5 y 10 modelos. Cree DPP reales para algunos modelos de baterías reales. Los PDF sobre estrategia y los talleres solo revelan las lagunas del modelo de datos cuando se intenta ponerlo en práctica.
Consecuencias en caso de falta de DPP
El Reglamento sobre baterías establece sanciones, formuladas como «eficaces, proporcionadas y disuasorias». Los Estados miembros fijan el importe concreto. Más relevante que las multas individuales es la prohibición de comercialización: un lote que se inspeccione el 19 de febrero de 2027 y no cuente con un DPP quedará retenido en el depósito aduanero. En el caso de las baterías para vehículos eléctricos, se trata de importes de seis cifras por contenedor.